En el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, queremos destacar la importancia de este factor para el sector obtentor y para el propio agricultor. Sin esta figura de protección, no se podrían mantener los programas de mejora y el desarrollo de variedades. La semilla es el primer factor de producción y el único imprescindible para la producción de plantas, y como tal constituye el primer eslabón de la cadena alimentaria, cuya trazabilidad es esencial para garantizar la seguridad a los consumidores.

La obtención vegetal o mejora vegetal es una actividad altamente tecnológica de gran trascendencia económica, basada en la investigación y desarrollo para la obtención de nuevas variedades vegetales. La obtención vegetal ha demostrado ser uno de los medios más eficientes para incrementar la productividad, mejorar la calidad y los valores nutricionales, así como para resolver problemas como enfermedades, plagas, escasez de agua u otras limitaciones del entorno.

Cada nueva variedad es una obra de creación original distinta de las existentes que aporta un mayor valor a los agricultores y a la sociedad en su conjunto. Dependiendo de la especie, obtener una nueva variedad puede suponer de 10 a 15 años de trabajo y entre 1,5 y 3 millones de euros. La investigación y desarrollo de nuevas variedades por las empresas obtentoras ha permitido a los agricultores duplicar los rendimientos en los últimos 50 años, con un aumento de la calidad de las cosechas.

Los programas de mejora requieren grandes esfuerzos en tiempo y recursos, tanto humanos como económicos. El desarrollo de nuevas variedades sólo es posible con una inversión continua en los programas de investigación, ya que es la única fuente de financiación.

La industria obtentora invierte de media en torno a un 20% de su cifra de negocio en I+D y dedica hasta un 30% de su personal en labores de investigación. Con el fin de proteger e incentivar esos esfuerzos, la ley concede a los obtentores unos derechos de propiedad industrial que permiten encontrar un equilibrio entre los beneficios que los agricultores y toda la sociedad reciben de esta actividad, y la necesidad de recompensar a los creadores de las variedades de forma que se permita recuperar las inversiones realizadas y se asegure el progreso sostenible.

La reproducción o la compra de semillas o plantas ilegales, o el reempleo de granos para siembra sin aplicar los derechos de propiedad industrial, amenazan la investigación y comprometen el futuro de nuestra agricultura.