La obtención vegetal o mejora vegetal es una actividad altamente tecnológica que beneficia tanto al agricultor como a la sociedad en su conjunto. La industria obtentora realiza una fuerte inversión que repercute en un producto final de alta calidad: la semilla. Para proteger e incentivar los esfuerzos realizados, la ley concede a los obtentores unos derechos de propiedad industrial.

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Cada nueva variedad es una obra de creación original distinta de las existentes que aporta un mayor valor a los agricultores y a la sociedad en su conjunto. Las nuevas variedades han permitido a los agricultores duplicar los rendimientos en los últimos 50 años, con un aumento de la calidad de las cosechas, gracias a la mejora en: resistencia a enfermedades y plagas; adaptación a condiciones adversas de cultivo; facilidad de mecanización, cultivo, transporte y almacenamiento; mejoras en la calidad, adaptación a los procesos de transformación y uso; incrementos intrínsecos en los rendimientos potenciales.

Dependiendo de la especie, obtener una nueva variedad puede suponer de 10 a 15 años de trabajo y entre 1,5 y 3 millones de euros. Para ello, la industria obtentora invierte de media en torno a un 20% de su cifra de negocio en I+D y dedica hasta un 30% de su personal en labores de investigación y desarrollo. Gracias a los derechos de propiedad industrial se consigue un equilibrio entre los beneficios que los agricultores y toda la sociedad reciben de esta actividad, y la necesidad de recompensar a los creadores de las variedades de forma que se permita recuperar las inversiones realizadas y se asegure el progreso sostenible.

La semilla es el primer factor de producción y el único imprescindible para la producción de plantas, y como tal constituye el primer eslabón de la cadena alimentaria, cuya trazabilidad es esencial para garantizar la seguridad a los consumidores. Cuando se reproduce o se compran semillas o plantas ilegales, se pone en peligro la investigación, comprometiendo el futuro de nuestra agricultura.